El miércoles, el Tribunal Supremo de Israel, en un panel ampliado encabezado por el vicepresidente, el juez Noam Sohlberg, celebró una audiencia sobre las peticiones de organizaciones de izquierda, incluido el Movimiento Reformista, que exigen que el Estado ordene el reclutamiento inmediato de todos los bnei yeshivos, basándose en el fallo anterior del Tribunal de que actualmente no existe ninguna ley que regule su estatus y que, por lo tanto, debe aplicarse el proyecto de ley existente.

Los jueces presionaron repetidamente a los representantes estatales, preguntándoles por qué las FDI no han arrestado a miles de bnei yeshivos que técnicamente se consideran objetores de conciencia, alegando que las FDI “necesitan más soldados”. No se mostraron receptivos a las respuestas de los representantes estatales de que no hay espacio en la cárcel para miles de “objetores de conciencia” y que los arrestos de bnei yeshivos no han resultado en un aumento del reclutamiento de haredíes.

La jueza Yael Wilner exigió que los 5.700 bnei yeshivos declarados oficialmente como “evasores del servicio militar obligatorio” sean encarcelados de inmediato por el Estado, afirmando que “se les puede hacer espacio en la cárcel”.

La fiscal estatal Neta Oren declaró ante el tribunal: “Nuestro objetivo es reclutar soldados, no llenar centros de detención militar. Nos enfrentamos a una gran población que no se ha alistado en las FDI durante décadas. Su integración requiere un proceso gradual: adaptar el servicio militar a sus circunstancias culturales y sociales. Las facultades de las FDI y la policía son limitadas, y se necesita una coordinación gubernamental integral”.

Wilner también exigió saber por qué solo se emitieron 54.000 órdenes de reclutamiento iniciales, en lugar de las 80.000. El abogado Oren respondió: “En tiempos de guerra, esto requería importantes recursos militares. No tiene sentido emitir numerosas órdenes sólo para que sean clasificados rápidamente como evasores”.

En ese momento, dos haredíes irrumpieron en la sala del tribunal gritando: “¡Preferimos morir antes que alistarnos!”. Los guardias de seguridad los desalojaron a la fuerza. Pocos minutos después, otros siete haredíes entraron en la sala y también fueron desalojados por la fuerza.

El juez Sohlberg, que llevaba kipá, dijo que las FDI “¡necesitan a esta gente ahora!”, pero no abordó la cuestión de cómo el uso de recursos policiales y de las FDI para arrestar y encarcelar a los bnei yeshivos ayudará al ejército.

Un representante de las yeshivot respondió: “Einstein dijo que hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes es una locura”.

El diputado Meir Porush reaccionó a la audiencia: “La audiencia que se está celebrando en el Tribunal Supremo representa el máximo distanciamiento del pueblo israelí. Tras el estrepitoso fracaso de la Fiscal General en su absurdo plan de arrestar a estudiosos de la Torá como instrumento para el reclutamiento forzoso, los magistrados del Tribunal Supremo se preguntan ahora por qué no se arresta a más estudiosos de la Torá”.

“No confiamos en un juez que pide el arresto de quienes estudian la Torá, y en nuestra opinión, no es digno de su cargo en un Estado gobernado por judíos. Mañana, decenas de miles se reunirán en Jerusalem y dejarán claro a todas las autoridades: no guardaremos silencio ni perdonaremos la persecución de la Torá”.