En un fallo dramático emitido el miércoles, la Corte Suprema dictaminó que el estado debe formular un plan de aplicación integral contra los “evasores del servicio militar” haredíes en un plazo de 45 días.
En respuesta a las peticiones de organizaciones de izquierda, la Corte Suprema criticó duramente la inadecuada aplicación de la Ley del Servicio de Seguridad contra los objetores de conciencia haredíes, una situación que constituye, en sus palabras, “una violación del deber de las autoridades de hacer cumplir la ley” y “un grave daño al estado de derecho y al principio de igualdad”.
El tribunal dictaminó que el Estado está obligado a adoptar medidas para la aplicación efectiva de la ley, incluidos los procedimientos penales y una política complementaria que incluirá sanciones económicas y civiles.
La sentencia enfatizó que la falta de aplicación de la ley constituye una “discriminación flagrante”, y que no es necesario esperar una nueva legislación, sino que el gobierno “está obligado a actuar de inmediato de conformidad con la ley vigente”. Añadió que la aplicación de la ley no es sólo una misión militar, sino una misión nacional que requiere la participación de todas las ramas del gobierno.
En lo que respecta a la aplicación de la ley penal, la sentencia señaló que, si bien se realizaron detenciones, no se presentaron datos sobre el inicio de procesos judiciales ni la presentación de acusaciones formales. “La inacción de las autoridades crea un claro incentivo para la evasión continua”, afirmó la sentencia.
El fallo fue emitido por el vicepresidente Noam Sohlberg y los magistrados Daphne Barak-Erez, David Mintz, Yael Willner y Alex Stein.
Cabe señalar que el fallo no abordó la admisión de las FDI de que los arrestos y otras medidas no han dado como resultado un aumento en el número de reclutas haredíes.
Los magistrados ordenaron al gobierno:
• Adoptar procedimientos penales contra los evasores del servicio militar haredíes a un ritmo igual al de la persecución penal contra otros sectores.
• Formular medidas coercitivas complementarias, con énfasis en las sanciones civiles y económicas.
• Para garantizar su plena eficacia, sin canales de financiación alternativos y sin beneficios para quienes evitan el servicio militar obligatorio.
• Confiar en las posiciones de los organismos profesionales y no ignorar sus recomendaciones.
En su fallo, el tribunal enfatizó que las promesas de legislación futura no pueden servir de excusa para la inacción actual.
El miércoles por la mañana, el partido Déguel HaTorah anunció que los Roshei Yeshivot de Slabodka dieron su aprobación final para el avance del proyecto de ley haredí.
