El jueves por la mañana se dio comienzo una dramática audiencia en el Tribunal Superior para examinar las peticiones de organizaciones de izquierda que exigen que se obligue al gobierno a establecer una comisión estatal de investigación sobre la masacre del 7 de octubre.
La audiencia representa otro intento sin precedentes del Tribunal Supremo de Israel por intervenir en las competencias esenciales del gobierno y violar la separación de poderes al cuestionar directamente las decisiones gubernamentales. Sin embargo, en esta ocasión, la confrontación gira en torno a un tema sumamente delicado, ya que las familias de las víctimas del 7 de octubre aún lloran sus pérdidas y las emociones están a flor de piel.
Los israelíes de izquierda apoyan una comisión estatal de investigación porque esto implica que sus miembros serían designados por el presidente de extrema izquierda del Tribunal Supremo, Yitzchak Amit, cuyas acciones han sido tan controvertidas y políticamente sesgadas que sus decisiones han sido condenadas en numerosas ocasiones incluso por sus colegas magistrados del Tribunal Supremo. El gobierno y la mayoría de los israelíes (quienes eligieron al gobierno) no confían en que Amit ni el Tribunal Supremo lleven a cabo una investigación imparcial.
En cambio, el gobierno está promoviendo un marco para una comisión nacional de investigación, en la que representantes designados por la coalición y la oposición garantizarían un comité políticamente equilibrado. Pero, por supuesto, la fiscal general Gali Baharav-Miara, que se opone a todas las decisiones del gobierno, apoya una comisión estatal de investigación, y el Tribunal Supremo ya ha dado señales de su intención de inmiscuirse activamente en el asunto al emitir una controvertida orden provisional para detener la investigación del Contralor del Estado sobre la masacre, una decisión que, según los expertos, no solo constituye un abuso de poder judicial, sino que también pone en peligro la vida de los israelíes .
Además, como es bien sabido, el Tribunal Supremo y el sistema judicial suelen emitir fallos controvertidos que favorecen a los terroristas y los derechos de los palestinos, lo que afecta significativamente la seguridad de Israel. Numerosos israelíes, tanto civiles como soldados de las FDI, han perdido la vida debido a decisiones judiciales que priorizaron los derechos de los terroristas sobre los de los ciudadanos israelíes. De hecho, la mayoría de los israelíes cree que las decisiones del Tribunal Supremo y de la fiscalía militar también influyeron en la masacre del 7 de octubre y deben ser investigadas. ¿Cómo es posible que una comisión estatal de investigación esté presidida por ese mismo Tribunal Supremo?
Los magistrados del Tribunal Superior prohibieron la entrada del público y de los familiares de las víctimas a la sala del tribunal por temor a disturbios debido a su controvertida usurpación de poder, y la audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. No obstante, tras el inicio de la audiencia, un padre desconsolado irrumpió en la sala y gritó: «¡Los terroristas asesinaron a nuestros hijos con el respaldo del tribunal!».
Los familiares de las víctimas también protestaron frente al juzgado, y se produjeron enfrentamientos verbales entre quienes apoyan una comisión de investigación estatal y quienes apoyan una comisión de investigación nacional.
Se desató el caos durante la audiencia cuando unos padres afligidos, que se oponían al Tribunal Superior, intentaron irrumpir en la sala gritando: “¡Que juzguen a los jueces!”. Los agentes de seguridad interrumpieron la audiencia y los jueces fueron evacuados del juzgado. La audiencia se reanudó posteriormente.
