Grupos canadienses de defensa legal han presentado una denuncia contra empresas inmobiliarias israelíes por la comercialización de viviendas en Judea y Samaria, alegando que se engañó a los posibles compradores canadienses sobre la ubicación de las propiedades.
La denuncia, presentada ante la Oficina de Competencia de Canadá por el Centro de Litigios Global Echo y la organización Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales, va dirigida contra al menos cuatro empresas inmobiliarias israelíes y una agencia de marketing canadiense.
Los grupos sostienen que, durante eventos inmobiliarios celebrados en Toronto y Montreal, se anunciaron propiedades en Judea y Samaria como si estuvieran ubicadas en Israel.
La Oficina de Competencia indicó que revisaría la documentación presentada para determinar si procede una investigación. No se ha constatado ninguna irregularidad.
La denuncia, presentada en nombre de seis residentes canadienses, incluye fotografías, publicaciones en redes sociales y material promocional relacionado con proyectos de condominios anunciados en ferias inmobiliarias entre 2024 y 2026.
Según se informa, una fotografía citada en la denuncia muestra una agencia que anunciaba proyectos en Ma’ale Adumim y Adam junto con propiedades en otras partes de Israel durante el Gran Evento Inmobiliario Israelí de 2024 en Montreal. El stand invitaba a los posibles compradores a encontrar la casa de sus sueños en Israel.
James Yap, presidente de Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales y profesor de derecho en la Universidad de Windsor, argumentó que los canadienses que compren propiedades en Judea y Samaria podrían enfrentar consecuencias legales bajo el derecho internacional, incluyendo acusaciones de complicidad en crímenes de guerra. Esta afirmación representa la postura de los denunciantes, y no constituye una condena contra ningún comprador o empresa.
La denuncia surge en medio de una creciente presión diplomática sobre las comunidades judías en Judea y Samaria. Canadá y otros países consideran que dichas comunidades son ilegales según el derecho internacional, una postura que Israel refuta.
En agosto, Ottawa desaconsejó a las empresas canadienses realizar actividades comerciales que involucren a comunidades israelíes en Judea y Samaria, advirtiendo sobre posibles riesgos legales y financieros.
Yap instó al gobierno canadiense a tomar medidas adicionales, presentando la queja como una oportunidad para que Ottawa haga valer su postura declarada.
Las acusaciones siguen sin ser probadas, y la revisión preliminar de la oficina no significa que haya abierto una investigación formal ni que haya determinado que las empresas violaron la ley canadiense.
