Foto: Fuerzas de seguridad israelíes en el lugar donde un dron disparado por Hezbolá desde el Líbano causó daños en la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu en Cesárea, el 19 de octubre de 2024. Crédito de la foto: Flash 90.
La Fiscalía del Estado ha presentado una acusación ante el Tribunal de Distrito de Jerusalem contra dos residentes árabes de Jerusalem, de 33 y 35 años, acusados de contactar con un agente extranjero (operativo de Hezbolá) y pasar información al enemigo durante la Guerra de la Espada de Hierro.
A uno de los acusados también se le imputa el delito de tentativa de portación de arma sin autorización. La Fiscalía ha solicitado al juzgado que ordene la prisión preventiva de ambos sospechosos hasta que concluyan las diligencias judiciales.
La acusación, presentada por el abogado Fua Ben Tov de la Fiscalía del Distrito de Jerusalem, señala que los dos acusados contactaron a una mujer llamada “Diana” a través de un grupo de WhatsApp y continuaron su comunicación con ella incluso después de enterarse de su afiliación a Hezbolá.
Abd al-Salam Qawasameh envió a Diana fotografías desde el norte de Cesarea, donde se encuentra la residencia privada del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, a petición de ella. Ta’ar Asili proporcionó al agente de Hezbollah artículos de noticias sobre Israel y actualizaciones sobre la situación de seguridad.
A ambos sospechosos se les ordenó establecer contacto con un alto comandante de inteligencia de Hezbolá conocido como “Al-Hajj”.
Asili compró una nueva tarjeta SIM específicamente para ese propósito, pero según los documentos judiciales, se negó a tomar fotografías en el área de Metulla como se le solicitó.
Abd al-Salam también está acusado de portar un arma sin permiso; documentos judiciales indican que fue fotografiado con un arma durante una visita a Jenin en una zona que estaba bajo la autoridad de una figura local conocida como “Abu Harb”.
La Fiscalía destacó la gravedad de los delitos cometidos por los dos sospechosos, señalando que las acciones de los imputados suponen una amenaza a la seguridad nacional.
Los acusados permanecen bajo estrecha vigilancia a medida que avanza el caso.
