En medio de las crecientes críticas del público y dentro de la Fiscalía General del Estado por la decisión de la Fiscal General Gali Baharav-Miara de supervisar personalmente la investigación de Sde Teiman a pesar de su grave conflicto de intereses, el Ministro de Justicia Yariv Levin anunció el martes por la mañana que había informado al Comisionado Interino de la Función Pública, Daniel Hershkowitz, de su decisión de nombrar al juez retirado israelí Asher Kula como fiscal especial para presidir el caso

Kula se desempeña como Defensor del Pueblo para Quejas contra Jueces en Israel. Levin escribió en su carta que “cree que el Defensor del Pueblo para Quejas contra Jueces, tanto como institución como a título personal, es la opción más adecuada en este caso. Su nombramiento le granjeará una amplia confianza pública, lo cual es esencial en las circunstancias actuales”.

Levin envió previamente una carta a Baharav-Miara, prohibiéndole a ella y a su personal participar en el caso, pero, como de costumbre, la fiscal general respondió que no tiene intención de inhibirse del caso a pesar de su grave conflicto de intereses. Se prevé que la batalla llegue al Tribunal Supremo, ya que se espera que varias partes presenten peticiones contra la decisión de Levin de nombrar a Kula, y un ministro del Likud ya ha presentado una petición contra la participación de Baharav-Miara en el caso 

Al explicar su elección de Kula, Levin declaró: “Creo que el funcionario público asignado a este cargo debe cumplir los siguientes criterios lo más fielmente posible: Ser un empleado público con experiencia en derecho penal; no estar subordinado a ningún ministro ni a nadie en la Oficina del Fiscal General ni en sus organismos subordinados; y gozar de una amplia confianza pública, lo cual es esencial en un asunto tan delicado y complejo”.

Levin enfatizó en su carta que había obtenido el consentimiento del juez Kula y que el nombramiento se realizó bajo la Sección 23 de la Ley de Nombramientos del Servicio Civil, que establece: “Si un puesto queda vacante o el titular no puede ejercer su autoridad o cumplir con sus deberes, el ministro responsable de esa oficina puede, en consulta con el Comisionado del Servicio Civil, asignar a otro funcionario público para que desempeñe el cargo por un período no superior a tres meses”.

El domingo por la noche, tras el revuelo en torno a la desaparición de la destituida Jefa de la Abogacía Militar, Yifat Tomer-Yerushalmi, y su teléfono “perdido”, el diputado del Likud, Avijai Boaron, y la ONG de derecha Lavi presentaron una petición ante la Corte Suprema exigiendo que el Fiscal General se inhibiera de presidir el caso

La petición incluía un protocolo de una sentencia judicial anterior que indicaba que la oficina del Fiscal General Militar mantenía contacto directo y continuo con Baharav-Miara con respecto a la investigación de la filtración.

“El Fiscal General estuvo plenamente involucrado en la investigación y en la decisión de cerrarla [con el argumento de que no había posibilidad de encontrar la fuente de la filtración]”, escribió Buaron en un comunicado anunciando la presentación de la petición.

“Ha estado profundamente involucrada en este caso durante meses: en los detalles de la investigación, las instrucciones al Fiscal General Militar adjunto y en la propia decisión de poner fin a la investigación, y ahora también pretende representar al Estado en una petición que concierne a sus propias acciones”.