El pleno de la Knesset aprobó, en primera lectura el lunes por la noche, un proyecto de ley que propone ampliar el poder de los tribunales rabínicos en Israel para que actúen como árbitros en asuntos civiles.
El proyecto de ley sobre arbitraje de tribunales religiosos fue aprobado en votación por un margen de 63-43 y ahora regresará al comité de la Knéset para su debate. Aún deberá superar una segunda y tercera lectura en el pleno para convertirse en ley.
El proyecto de ley fue impulsado por Moshe Gafni, Israel Eichler, Yakov Asher y Yinon Azoulay, miembros de los partidos haredí (ultraortodoxos) Partido Unido del Judaísmo de la Torá y Shas.
Las notas explicativas del proyecto de ley señalan que, durante muchos años, los tribunales rabínicos han resuelto disputas civiles por mutuo acuerdo de las partes, y se determinó que dichos tribunales carecen de autoridad para dirimir tales disputas.
“El propósito de este proyecto de ley es consagrar en la ley la autoridad de los tribunales rabínicos para actuar como árbitros, con el consentimiento de ambas partes, en asuntos civiles que puedan estar sujetos a un acuerdo de arbitraje, permitiendo así a quienes deseen resolver sus disputas civiles de acuerdo con la ley judía hacerlo en los tribunales rabínicos”, continúan las notas explicativas.
Este proyecto de ley podría suponer una drástica transferencia de poder al Rabinato en asuntos de identidad judía, matrimonio y aliá.
Foto. El edificio del Gran Rabinato de Israel se encuentra en Jerusalem. (Crédito: Yonatan Sindel/Flash90)
Según una organización, el proyecto de ley podría perjudicar los derechos de las mujeres.
Antes de la votación, la Red de Mujeres de Israel declaró que se opone firmemente al proyecto de ley y advirtió que podría causar graves daños a los derechos de las mujeres en Israel.
“Si se aprueba esta ley, incluso las disputas en el lugar de trabajo, con el jefe o un colega, o los conflictos con un vecino u otras reclamaciones civiles podrían transferirse a la jurisdicción de tribunales religiosos, ignorando las protecciones del derecho civil y los derechos constitucionales de las mujeres ciudadanas”, dijo la organización.
“Este gobierno pretende obligar al 51% de la población a someterse a procedimientos legales en un sistema donde las mujeres están inherentemente en desventaja, compareciendo ante jueces exclusivamente masculinos, sin igualdad de condiciones ante el hombre que tienen enfrente.”
“No se equivoquen, las mujeres haredi pagarán el precio más alto, ya que se verán presionadas a aceptar un arbitraje en un tribunal religioso que no está sujeto a los principios de igualdad de género”, agregó la organización.
