El domingo se celebró un debate en la Subcomisión de Recursos Humanos de las FDI del Knesset sobre las políticas de aplicación de la ley y de detención relativas a los objetores de conciencia y los desertores, durante el cual se presentaron datos actualizados sobre el alcance del encarcelamiento, el reclutamiento y la escasez de personal en las FDI.

El general de brigada Shay Taib, alto funcionario de la Dirección de Personal de las FDI, se refirió al reclutamiento de haredíes, afirmando: “Podemos absorber a 5.760 haredíes en 2025. A partir de 2026, una vez que se nos avise con suficiente antelación, unos seis meses, no tendremos limitaciones”.

Afirmó que las FDI están vigilando de cerca a todos los jaredíes que reciben notificaciones de reclutamiento: “Hoy en día, no hay nadie obligado a alistarse que no esté siendo monitoreado por las FDI. En 2024, emitimos 26.000 notificaciones de reclutamiento y otras 54.000 para julio de 2025. En otras palabras, los 80.000 candidatos obligados a alistarse están siendo monitoreados y se encuentran en el proceso de reclutamiento”.

El jefe del Departamento de Prisiones de la Policía Militar, el coronel Moni Amar, declaró ante los miembros del comité: “Podemos realizar entre 500 y 600 detenciones preventivas al año. Tan solo en 2025, ya tenemos detenidos a 1232 desertores y objetores de conciencia. Hasta julio se realizaron 196 detenciones, y desde julio hasta la fecha, 471 más”.

Añadió que el sistema militar solo cuenta con 600 plazas penitenciarias y que, a pesar del aumento de las detenciones de “evasores del servicio militar obligatorio”, actualmente no existe ninguna solución para ampliar la capacidad.

“Hemos triplicado el número de efectivos en el aeropuerto Ben-Gurión para hacer frente a los desertores que intentan huir del país, y también estamos sufriendo numerosas protestas tras las detenciones, desde unas pocas decenas hasta miles de personas”, declaró. “Esto requiere importantes recursos”.

El presidente del comité, el diputado Elazar Stern, del partido Yesh Atid, criticó duramente la política de aplicación de la ley: “Las detenciones no son función del ejército. No quiero que un soldado busque desertores en la casa de la madre de alguien en Ramla, Bnei Brak o Jerusalén. Esa no es la función de las FDI. No se puede confiar en que el ejército haga esto; es responsabilidad de la policía civil”.

“Puedes instalar campos de detención o triplicar el número de camas, pero eso no solucionará el problema. Lo que atraerá a más reclutas son las sanciones y las declaraciones de los rabinos”, afirmó. “No se puede confiar en los rabinos, pero sí en las sanciones”, añadió.