Se espera que el gobierno de Israel debata el martes una propuesta para transferir 568 millones de séqueles (aproximadamente 154 millones de dólares) del plan quinquenal de desarrollo del país para las comunidades árabes al Shin Bet, la policía israelí, y otros organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado.
Según la propuesta, los fondos se utilizarían para fortalecer la recopilación de inteligencia y las investigaciones criminales dirigidas contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, el contrabando, la extorsión y la creciente influencia de las organizaciones criminales en las comunidades árabes. El plan también contempla ampliar las capacidades de Lahav 433, la unidad nacional contra el crimen de la Policía de Israel, e invertir en nuevas herramientas tecnológicas.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y la ministra May Golan han respaldado la propuesta, argumentando que se necesitan recursos adicionales para combatir el aumento de la delincuencia violenta y el elevado número de asesinatos sin resolver en las comunidades árabes de Israel.
El gobierno afirmó que el Shin Bet no sustituiría a la policía israelí en las investigaciones criminales rutinarias, sino que solo intervendría en casos con implicaciones para la seguridad nacional, en particular aquellos relacionados con el tráfico ilegal de armas.
La propuesta ha suscitado la oposición del Centro Mossawa, una organización que defiende los derechos de los ciudadanos árabes de Israel, la cual ha instado al primer ministro Benjamín Netanyahu y a la fiscal general Gali Baharav-Miara a bloquear la medida. La organización ha declarado que está considerando emprender acciones legales si la propuesta se aprueba.
El Centro Mossawa argumenta que el dinero se destinó originalmente a reducir las desigualdades económicas y sociales mediante inversiones en educación, empleo, transporte, infraestructura y desarrollo local. Advirtió que desviar esos fondos a agencias de seguridad podría socavar esos objetivos y debilitar los esfuerzos a largo plazo para reducir la delincuencia.
La organización también señaló que aún quedan disponibles aproximadamente 750 millones de NIS en el marco de un programa gubernamental independiente específicamente destinado a combatir la delincuencia en las comunidades árabes, y argumentó que esos fondos deberían utilizarse en su lugar.
La propuesta también ha reavivado el debate sobre la ampliación del papel del Shin Bet a áreas tradicionalmente gestionadas por la policía, con críticos que plantean preocupaciones sobre las libertades civiles y legales y partidarios que argumentan que la creciente amenaza que supone el crimen organizado y las armas ilegales requiere recursos de seguridad adicionales.
