Gran Bretaña, Francia y Canadá están tomando medidas para prohibir el comercio con las comunidades israelíes en Judea y Samaria, encabezando una campaña internacional coordinada dirigida contra las empresas y comunidades judías, mientras los gobiernos occidentales intensifican drásticamente su presión sobre Israel.

Las medidas anunciadas el martes van mucho más allá de las condenas diplomáticas. Gran Bretaña ha anunciado que prohibirá la importación de productos fabricados en comunidades israelíes de Judea y Samaria, mientras que Francia y Canadá se han comprometido a impulsar sus propias prohibiciones nacionales. Una declaración conjunta de doce países también amenaza con imponer restricciones comerciales más amplias, tanto a nivel nacional como europeo.

La acción coordinada incluye a Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. Gran Bretaña, Francia y Canadá se comprometieron específicamente a impulsar medidas nacionales que prohíban el comercio de bienes procedentes de asentamientos.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, anunció el drástico cambio en el Parlamento, declarando que Londres ahora considera ilegal la presencia de Israel en Judea y Samaria y afirmando que Gran Bretaña pasaría de limitarse a criticar la política israelí a tomar medidas concretas contra ella.

La situación en Palestina es una emergencia moral… Lo que el gobierno de Netanyahu está haciendo en Gaza es una mancha en la conciencia del mundo, y cada vez hay más pruebas de que se han cometido crímenes de guerra…

En Cisjordania, se está produciendo una limpieza étnica de palestinos perpetrada por terroristas colonos. Con demasiada frecuencia, el gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante esta situación. Peor aún, algunos de sus miembros han emitido declaraciones y tomado medidas para apoyar el desplazamiento forzado de palestinos. 

No nos quedaremos de brazos cruzados.

Se prevé que las medidas británicas vayan más allá de los bienes físicos. Las restricciones también afectarán a determinados servicios relacionados con las comunidades israelíes, como las finanzas, la construcción, las infraestructuras, el sector inmobiliario y la publicidad.

Los gobiernos que impulsaron la campaña vincularon abiertamente su decisión a la continuación de las obras de construcción israelíes en Judea y Samaria, en particular al proyecto E1 cerca de Jerusalén.

“Las acciones del Gobierno de Israel en Cisjordania están socavando la posibilidad de una solución de dos Estados”, afirmaron los 12 ministros de Asuntos Exteriores en su declaración conjunta.

Criticaron específicamente la decisión de Israel de publicar licitaciones para la construcción de la autopista E1 y exigieron que el gobierno israelí “detenga de inmediato la expansión de los asentamientos y los poderes administrativos civiles”.

Esta medida representa una nueva escalada en la campaña de presión internacional que los críticos en Israel consideran un intento discriminatorio de dictar dónde pueden vivir y hacer negocios los judíos en su patria histórica.

Esto ocurre mientras Israel sigue lidiando con las consecuencias para la seguridad de la masacre del 7 de octubre y los años de terrorismo palestino proveniente de Judea y Samaria, realidades que recibieron relativamente poca atención en el anuncio de los gobiernos. La declaración conjunta condenó la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamás y reconoció los legítimos intereses de seguridad de Israel, pero aun así impuso sus medidas punitivas concretas directamente sobre Israel.

La administración Trump ya ha manifestado su firme oposición a la medida británica.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, advirtió que dicha política equivalía a “discriminación contra el pueblo judío” y podría tener consecuencias para las empresas británicas en virtud de las leyes antiboicot vigentes en varios estados de EE. UU.

Los ministros israelíes también reaccionaron con furia. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió la expulsión del embajador británico, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a cerrar el consulado británico en Jerusalem Este.

El impacto económico de la prohibición británica de importación de productos podría ser, en última instancia, limitado. El comercio bilateral anual entre el Reino Unido e Israel asciende a aproximadamente 6.000 millones de libras esterlinas, y aún existen dudas sobre cómo las autoridades británicas distinguirán con precisión los productos fabricados en Judea y Samaria de los producidos en otras partes de Israel.

Pero el precedente es mucho más significativo: los principales gobiernos occidentales están estableciendo formalmente mecanismos para aislar económicamente a las comunidades judías más allá de la Línea Verde, lo que suscita temores de que estas medidas puedan impulsar una campaña de boicot mucho más amplia contra Israel.