El lunes, el Tribunal Supremo de Israel emitió un fallo significativo en la larga batalla legal por la Yeshivá de Ponovezh en Bnei Brak, posponiendo el desalojo de la yeshivá dirigida por el Hagaón HaRav Shmuel Markowitz hasta el 10 de Av de 5787, en agosto de 2027.
El juez del Tribunal Supremo, Ofer Grosskopf, dictaminó que una institución que alberga a más de 1.200 estudiantes de secundaria y bachillerato no puede ser obligada razonablemente a desalojar sus instalaciones a mitad del año académico.
La decisión se produjo en respuesta a una solicitud presentada por el rabino Markowitz y la organización Mesoras HaTorah, que buscaban suspender la ejecución de un fallo arbitral que ordenaba a la yeshivá desalojar la propiedad en disputa y pagar aproximadamente 10 millones de NIS.
Los abogados que representan a la familia Kahaneman habían solicitado la ejecución inmediata de la orden de desalojo. Sin embargo, el juez Grosskopf determinó que el cierre de una institución educativa de este tamaño durante el año escolar causaría graves trastornos.
Según los documentos presentados ante el tribunal, la yeshivá y sus kollelim afiliados cuentan actualmente con 1.266 talmidim y avreijim, entre ellos 226 menores de edad y aproximadamente 837 residentes en las residencias estudiantiles.
Los demandantes argumentaron que un desalojo inmediato perturbaría gravemente la vida y los planes de estudio de cientos de jóvenes estudiantes.
El tribunal también abordó la importante obligación financiera impuesta por el juez jubilado David Cheshin, quien actuó como árbitro en la disputa. Grosskopf expresó reservas sobre la imposición de una sanción económica de aproximadamente 10 millones de shékel, que podría llevar al cierre de una institución educativa que atiende a tantos alumnos.
A pesar del fallo del lunes, la batalla legal que se ha prolongado durante décadas sigue sin resolverse.
Se espera que la solicitud de permiso para apelar el fallo arbitral, presentada por la administración de la yeshivá del rabino Markowitz, sea escuchada en una fecha posterior por el juez de la Corte Suprema David Mintz.
Por ahora, la decisión otorga a la yeshivá tiempo adicional y evita un desalojo inmediato, mientras que las cuestiones subyacentes relacionadas con la propiedad del inmueble, la validez del fallo arbitral y la obligación financiera multimillonaria siguen estando en manos de los tribunales.
