Foto: Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos. Foto: Wikimedia Commons.
El presidente electo Donald Trump planea implementar sanciones devastadoras contra la Corte Penal Internacional de La Haya inmediatamente después de asumir el cargo, según revelaron a Israel Hayom fuentes cercanas al asunto. Estas órdenes ejecutivas podrían ser reveladas tan pronto como el 21 de enero.
El paquete de sanciones se dirigirá tanto al personal de la CPI, incluidos jueces y fiscales, como a la institución en su conjunto. El gobierno pretende clasificar a la CPI como una organización que amenaza los intereses estadounidenses, empleando procedimientos de designación similares a los que utiliza el Departamento de Estado para las organizaciones terroristas a nivel mundial. Esta designación desencadenará severas restricciones sobre cualquier persona relacionada con las operaciones de la corte.
Las instituciones financieras de todo el mundo tendrán que poner fin a sus relaciones con el personal de la CPI o se verán obligadas a enfrentarse a sanciones estadounidenses. Al igual que las medidas adoptadas por la administración saliente contra los ciudadanos israelíes sancionados, el personal de la CPI no podrá realizar operaciones bancarias rutinarias ni utilizar tarjetas de crédito. Sus actividades financieras quedarán congeladas, salvo las necesarias para necesidades esenciales, como la compra de alimentos. Además, se congelarán todos los activos de los empleados de la CPI y de la institución que se encuentren en Estados Unidos.
La estrategia del gobierno entrante se extiende más allá de las acciones unilaterales, ya que planea asegurar compromisos de los aliados de Estados Unidos para que rechacen la cooperación con órdenes de arresto contra funcionarios israelíes.
Estas medidas tienen por objeto crear las condiciones que permitan al tribunal retirar de forma independiente las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. Las autoridades esperan que durante el procedimiento de apelación, el fiscal jefe Karim Khan o los jueces identifiquen los fundamentos jurídicos para anular estas órdenes.
La administración entrante considera que las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant constituyen una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los funcionarios entrantes creen que estas acciones, en última instancia, buscan privar a Estados Unidos y a sus aliados de su capacidad para montar defensas militares contra amenazas globales.
Los funcionarios de la administración Trump y los senadores republicanos consideran ampliamente la situación de Israel como un precedente, creyendo que Estados Unidos podría enfrentar órdenes de arresto similares a continuación, lo que los lleva a tratar estas acciones contra funcionarios israelíes como precursoras de ataques al liderazgo y el comando militar estadounidenses.
El senador Tom Cotton (republicano de Arkansas), que encabezará el Comité de Inteligencia del Senado a partir de esta semana, dijo que “la CPI es un ‘tribunal irregular’ y Karim Khan es un fanático desquiciado. ¡Ay de él y de cualquiera que intente hacer cumplir estas órdenes judiciales ilegales! Permítanme que les recuerde a todos: la ley estadounidense sobre la CPI se conoce como la ‘Ley de Invasión de La Haya’, y hay una razón para ello. Piénsenlo”.
(JNS.org. Publicado originalmente por Israel Hayom).
