Foto de archivo: presencia policial ante Talmud Torah, Montreal, 9 de noviembre de 2023. Crédito: Mathiew Leiser / AFP vía Getty Images, vía The Jerusalem Post.
Un tribunal de Quebec impuso una pena de 66 meses de prisión a Abdirazak Mahdi Ahmed por su participación en el ataque armado contra Yeshivá Guedolá, en Montreal, ocurrido en noviembre de 2023. El condenado había admitido su culpabilidad en septiembre de 2026 por el delito relacionado con disparar un arma sin considerar que pudiera haber personas dentro del inmueble.
Los disparos se produjeron antes de las cinco de la mañana del 12 de noviembre de 2023, en el sector de Côte-des-Neiges. La yeshivá estaba vacía y no hubo heridos. Esa ausencia de víctimas físicas no elimina la gravedad del episodio ni su efecto sobre una institución educativa. Sí obliga a describir el hecho con exactitud, sin agregar estudiantes presentes, lesiones o circunstancias que los reportes consultados no documentan.
La pena de 66 meses incluye el cómputo correspondiente a la detención previa; no debe traducirse automáticamente en 66 meses adicionales desde ahora.
La motivación requiere una precisión igualmente importante. Según la cobertura judicial, no se estableció un móvil antisemita más allá de toda duda razonable. Eso no transforma el ataque contra una escuela judía en un hecho menor, pero impide presentar esa motivación como una conclusión penal probada. La responsabilidad por la conducta y la acreditación del motivo son cuestiones diferentes, aun cuando el contexto produzca una preocupación comprensible en la comunidad.
Los reportes mencionan otros disparos contra establecimientos judíos de Montreal ocurridos el 9 de noviembre de 2023. Esos episodios anteriores no quedaron resueltos por esta condena ni corresponde atribuirlos al mismo hombre sin prueba. La proximidad de fechas y la similitud de los lugares afectados ayudan a entender el clima de inseguridad; no reemplazan la identificación judicial de responsables para cada causa.
La representación comunitaria, a través de CIJA, destacó el impacto que un ataque de este tipo produce más allá del daño al edificio. La confianza necesaria para llevar a los hijos a estudiar, asistir a una actividad o abrir una institución puede verse afectada, aunque nadie resulte lesionado.
El caso también muestra por qué la seguridad de las comunidades religiosas debe seguirse después de que desaparecen los titulares iniciales. Una investigación, una admisión de culpabilidad y una sentencia son etapas distintas. La resolución ahora conocida ofrece una respuesta concreta por uno de los ataques, pero no permite dar por esclarecidos todos los episodios mencionados ni afirmar que las necesidades de protección de las instituciones hayan quedado resueltas.
