Mientras Israel se encamina hacia elecciones anticipadas, el gobierno está trabajando para impulsar un ambicioso plan quinquenal que destinaría cientos de millones de shéquel a la comunidad ultraortodoxa, según informan medios de comunicación en hebreo.
Según informó la emisora pública Kan, el plan destinaría el 25% del presupuesto de construcción del Ministerio de Educación al sistema educativo ultraortodoxo. Además, se reservarían 44 millones de shéquel anuales para programas destinados a mantener a los jóvenes judíos ultraortodoxos en las yeshivot y fuera del servicio militar obligatorio, junto con decenas de millones más cada año para programas de formación profesional e iniciativas de turismo ultraortodoxo.
Según se informa, el gobierno está presionando para finalizar el plan antes de que se convoquen las elecciones.
El anuncio se produce en medio de rápidos acontecimientos políticos en la Knéset. La coalición de Netanyahu presentó el miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset y convocar nuevas elecciones, tras un ultimátum de Déguel HaTorah, que había amenazado con impulsar elecciones anticipadas si la coalición no aprobaba un proyecto de ley de exención para los estudiantes de yeshivá. Si se aprueba el proyecto de ley de disolución, las elecciones se celebrarían en un plazo de cinco meses, es decir, a más tardar a finales de octubre, aunque, según se informa, los partidos ultraortodoxos presionan para que se celebren a principios de septiembre.
El nuevo plan de financiación es el más reciente de una serie de importantes asignaciones gubernamentales a las instituciones ultraortodoxas. En los últimos meses, el gobierno de Netanyahu ha destinado miles de millones de shéquel a la educación ultraortodoxa, lo que ha generado una fuerte oposición de los partidos laicos y recursos legales por parte del Tribunal Superior de Justicia. El mes pasado, la Comisión de Finanzas de la Knesset aprobó casi 100 millones de séqueles en financiación adicional para las escuelas ultraortodoxas, como parte de una transferencia mayor de 1.000 millones de séqueles que el Tribunal Superior había congelado en diciembre.
